Por: Fernando 'Pino' Solanas
Las leyes de Menem y el plan de las corporaciones
El llamado "boom minero", tiene su origen en las leyes de entrega de los recursos naturales que iniciara el gobierno de Carlos Menem en los años noventa y en la ley Nº 23.698/89 de Reforma del Estado. Pero esta Ley no era otra de sus perversas iniciativas, sino la obediente ejecución de planes nacidos en los centros del poder económico, el Banco Mundial y las grandes corporaciones americanas, canadienses, británicas y australianas -entre otras- , para apropiarse de nuestros recursos metalíferos frente a una demanda internacional incrementada por el crecimiento de China e India y las necesidades del emporio militar norteamericano.
No es casual que en la misma década, la globalización promoviera leyes mineras semejantes en alrededor de 70 países del Sur, donde desembarcaron las transnacionales para apropiarse de sus metales. La búsqueda de nuevos 'El dorado' se multiplicó ante la constante depreciación del dólar.
El Banco Mundial estuvo detrás de los nuevos marcos jurídicos, e inclusive, participando como socio minoritario en numerosos emprendimientos de la gran minería a través de su Corporación Financiera Internacional.
En Argentina, se les abrió las puertas con la Reforma de la Constitución de 1994, que otorgó a las provincias la propiedad de todos los recursos del subsuelo: 'Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio' (Art. 124).
Una reforma que, de hecho, invitaba a la balcanización del poder nacional frente a las transnacionales y legalizaba la privatización petrolera de 1989, que terminó con 82 años de política de Estado. Desde el presidente Figueroa Alcorta hasta Menem, los hidrocarburos fueron propiedad de la Nación para beneficio del conjunto de la población. Por el contrario, la nueva normativa los entrega a las 10 provincias que tienen petróleo, dejando afuera las 14 restantes donde reside el 85% de los habitantes del país. Una medida injusta porque desde el descubrimiento del petróleo, en 1907, los porteños, bonaerenses, cordobeses, santafecinos, entrerrianos, correntinos, misioneros, tucumanos o santiagueños, aportaron durante más de 80 años al financiamiento y desarrollo de la industria hidrocarburífera nacional.
La estructura legal impulsada por las corporaciones mineras en la Argentina durante los años noventa, consiste en un escandaloso paquete de leyes que transfiere totalmente el riesgo al Estado y lo obliga a darles a las multinacionales estabilidad fiscal por 30 años, asegurándoles beneficios excepcionales. Todas estas leyes están hoy vigentes y son:
La Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196/93 y su modificación Nº 25.161/99; Ley de Reorganización Minera Nº 24.224/93; Ley de Acuerdo Federal Minero Nº 24.228/93; Régimen de Financiamiento del IVA, Ley Nº 24.402/94; Ley de Modernización Minera y Modificación del Código de Minería Nº 24.498/95; Ley de Protección Ambiental Nº 24.585/95, y Ley de Actualización de Inversiones Mineras Nº 25.429/01. Para lograrlas, era Secretario de Minería de la Nación Angel Maza -gobernador de La Rioja hasta hace poco- y era presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, el ultra-menemista José Luis Gioja, hoy fervoroso kirchnerista y gobernador de San Juan.
El ascendente poder de Gioja, que logró colocar en la Secretaría de Minería de la Nación a su co-provinciano Jorge Mayoral, no es casual: en San Juan se instaló la mayor empresa de oro y cobre del mundo, la norteamericana- canadiense Barrick Gold Corporation, que ya puso en marcha en los Andes sanjuaninos los mayores yacimientos auríferos del país: Veladero y Pascua Lama. O sea, la Barrick le alfombró el camino hacia la Gobernación , para que Gioja le alfombrara luego el camino a Veladero y a Pascua – Lama.-
Las leyes de Menem y el plan de las corporaciones
El llamado "boom minero", tiene su origen en las leyes de entrega de los recursos naturales que iniciara el gobierno de Carlos Menem en los años noventa y en la ley Nº 23.698/89 de Reforma del Estado. Pero esta Ley no era otra de sus perversas iniciativas, sino la obediente ejecución de planes nacidos en los centros del poder económico, el Banco Mundial y las grandes corporaciones americanas, canadienses, británicas y australianas -entre otras- , para apropiarse de nuestros recursos metalíferos frente a una demanda internacional incrementada por el crecimiento de China e India y las necesidades del emporio militar norteamericano.
No es casual que en la misma década, la globalización promoviera leyes mineras semejantes en alrededor de 70 países del Sur, donde desembarcaron las transnacionales para apropiarse de sus metales. La búsqueda de nuevos 'El dorado' se multiplicó ante la constante depreciación del dólar.
El Banco Mundial estuvo detrás de los nuevos marcos jurídicos, e inclusive, participando como socio minoritario en numerosos emprendimientos de la gran minería a través de su Corporación Financiera Internacional.
En Argentina, se les abrió las puertas con la Reforma de la Constitución de 1994, que otorgó a las provincias la propiedad de todos los recursos del subsuelo: 'Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio' (Art. 124).
Una reforma que, de hecho, invitaba a la balcanización del poder nacional frente a las transnacionales y legalizaba la privatización petrolera de 1989, que terminó con 82 años de política de Estado. Desde el presidente Figueroa Alcorta hasta Menem, los hidrocarburos fueron propiedad de la Nación para beneficio del conjunto de la población. Por el contrario, la nueva normativa los entrega a las 10 provincias que tienen petróleo, dejando afuera las 14 restantes donde reside el 85% de los habitantes del país. Una medida injusta porque desde el descubrimiento del petróleo, en 1907, los porteños, bonaerenses, cordobeses, santafecinos, entrerrianos, correntinos, misioneros, tucumanos o santiagueños, aportaron durante más de 80 años al financiamiento y desarrollo de la industria hidrocarburífera nacional.
La estructura legal impulsada por las corporaciones mineras en la Argentina durante los años noventa, consiste en un escandaloso paquete de leyes que transfiere totalmente el riesgo al Estado y lo obliga a darles a las multinacionales estabilidad fiscal por 30 años, asegurándoles beneficios excepcionales. Todas estas leyes están hoy vigentes y son:
La Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196/93 y su modificación Nº 25.161/99; Ley de Reorganización Minera Nº 24.224/93; Ley de Acuerdo Federal Minero Nº 24.228/93; Régimen de Financiamiento del IVA, Ley Nº 24.402/94; Ley de Modernización Minera y Modificación del Código de Minería Nº 24.498/95; Ley de Protección Ambiental Nº 24.585/95, y Ley de Actualización de Inversiones Mineras Nº 25.429/01. Para lograrlas, era Secretario de Minería de la Nación Angel Maza -gobernador de La Rioja hasta hace poco- y era presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, el ultra-menemista José Luis Gioja, hoy fervoroso kirchnerista y gobernador de San Juan.
El ascendente poder de Gioja, que logró colocar en la Secretaría de Minería de la Nación a su co-provinciano Jorge Mayoral, no es casual: en San Juan se instaló la mayor empresa de oro y cobre del mundo, la norteamericana- canadiense Barrick Gold Corporation, que ya puso en marcha en los Andes sanjuaninos los mayores yacimientos auríferos del país: Veladero y Pascua Lama. O sea, la Barrick le alfombró el camino hacia la Gobernación , para que Gioja le alfombrara luego el camino a Veladero y a Pascua – Lama.-
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