NO AL ATROPELLO MINERO

Los pobladores y organizaciones de la comarca Andino-Patagónica (los municipios vecinos al Paralelo 42 entre las provincias de Río Negro y Chubut) y especialmente de Esquel, han logrado alertar a la opinión pública nacional e internacional acerca las devastadoras características de los mega-proyectos mineros en la región y a lo largo de toda la cordillera. Esa movilización social, por otra parte, también ha puesto en evidencia la sorprendente distancia material y mental que todavía existe en nuestro país con respecto a sus recursos y la ignorancia –tanto la que de alguna manera fuera justificable como la que es deliberadamente fabricada- con respecto a procesos productivos o extractivos en gran escala.

Con gran parte de la población concentrada en las ciudades no llama la atención que las decisiones estratégicas de esos procesos sean empujados hacia lo que el historiador francés Fernand Braudel llamaba las exclusivas “zonas de opacidad”. Se refería al espacio donde, escribía, “merodean los grades depredadores” y se realizan las grandes ganancias, identificándolo como el “anti-mercado”. ¿Por qué esta referencia?.

La mayoría de los “tratados” internacionales actuales son negociados prácticamente a puertas cerradas. Uno de los caso más notorios es el controvertido y gigantesco “Acuerdo Multilateral de Inversiones”(AMI), suscripto en 1996 por algunos funcionarios argentinos en el nombre de todos y publicitado como “la nueva constitución mundial”, nada menos, que cayó bajo la mesa durante el encuentro de la Organización Mundial de Comercio de 1999 en Seattle gracias al naciente movimiento anti-globalización. Pero el lugar del AMI fue rápidamente ocupado por otra serie de medidas de protección a las ganancias, como el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS/GATS).

La naturaleza y toda actividad humana se someten así a las relaciones de poder y a las reglas de comercio existentes. Estos “tratados”, a su vez, son los que nutren las estrategias para la región, como el ALCA norteamericano o su menos conocida versión europea. ¿Pero por qué tanto manejo tecnocrático? Estas tratativas son sustraídas a la vista de la sociedad porque generan desempleo, devastación ambiental, “efectos colaterales” y externalidades materiales y culturales incalculables, porque desconocen derechos laborales, derechos humanos, pactos internacionales preexistentes y porque solo sirven para concentrar más aún la riqueza en pocas manos. Son impulsados por quienes tienen muy poco que ver con la vida material y el mercado que, en el sentido que le da Braudel, es más contextual, competitivo y tiene menos ganancias justamente porque interactúa y se compromete más con la economía y la sociedad que las alberga.

Estos arreglos son ocultados para evitar la crítica social y para anular la competencia.

Es en este contexto que hay que interpretar la firma del Tratado Minero Chile-Argentina gestado durante presidencia de Menem entre 1991 y 1999, un mega plan de “crecimiento” y “desregulación” que pretende transformar la cordillera de los Andes en uno de los distritos mineros más grandes (y privado) del planeta.

Ese “acuerdo” –similar al de otros 70 países “endudados”- fue oportunamente complementado por una serie de leyes, códigos y normas de “desarrollo sustentable” que protege y asiste al sector con innumerables subsidios, ventajas impositivas y facilidades directas e indirectas. Son hermosas todas éstas leyes en cuanto a sus términos, pero son prácticamente inservibles al momento de hacer valer los derechos de los ciudadanos y sus garantías jurídicas. No sirven para proteger el ambiente natural, una de las principales ventajas comparativas de la Argentina.
El anuncio de emprendimientos extractivos en gran escala podrá tener resonancias positivas para quien no tenga la precaución de investigar en detalle las condiciones concretas pactadas y las consecuencias ambientales y sociales de la minería.

“Crecer - dirán- es lo que necesitamos”.

Sin embargo ocurriría exactamente lo contrario de avanzar este plan, porque el triunfo estadístico de tal “crecimiento” de la “inversión” solo refleja una fracción del problema. A diferencia del Cerro Rico de Potosí, que lleva más de 4 siglos de explotación, cualquier emprendimiento minero actual puede desplazar montañas de rocas, tierras y escombros en pocos años, generando inmensos cráteres y lagunas artificiales. Este plan equivale a cientos sino miles de Cerros Potosí.

La minería actual prácticamente no ocupa gente y menos aún a trabajadores del lugar.

En cambio “produce” una descomunal cantidad de residuos tóxicos y constituye una amenaza ambiental permanente, con gran cantidad de accidentes y conflictos documentados en todo el mundo. No responde a necesidades industriales de una economía nacional sino que nutre a otros circuitos industriales y especulativos que poco o nada tienen que ver con nuestras acuciantes necesidades y potencialidades.

No solo “deja” insignificantes “regalías” sino que alimenta el destructivo circuito especulativo global, afectando los valores inmobiliarios rurales y urbanos y muchas dimensiones de la vida social y del trabajo, no solo de la zona circundante a cada explotación sino también en las ciudades más alejadas.